Cada 18 de noviembre las organizaciones de pacientes anticoagulados conmemoran el Día Nacional del Paciente Anticoagulado para dar visibilidad a las necesidades sanitarias y sociales de las personas que toman anticoagulantes en España.

Asociaciones como AGIAC, APAM y ASANAR entre otras, llevan a cabo actividades y jornadas entorno a las patologías, tratamientos y cuidado de los pacientes anticoagulados, podéis ver una relación de las actividades haciendo clic aquí.
FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados), este año, lleva a cabo una campaña bajo el lema: “Mis derechos lo primero” aludiendo a la necesidad de cumplir principios fundamentales del propio Sistema Nacional de Salud, como es la calidad y equidad asistencial.
FEASAN plantea unas preguntas acerca de los derechos y da respuesta a la situación, a su vez, propone en su campaña una solución para cada pregunta. A continuación relacionamos las cuestiones planteadas en su campaña.
1 Financiación.
La financiación pública de los anticoagulantes de Acción Directa (ACOD) no está cubierta para los pacientes que han sufrido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, a pesar de que ser medicamentos que han demostrado su eficacia y seguridad para ese tipo de indicación. La única alternativa para estos pacientes son los anticoagulantes Antivitamina K (AVK), y en caso de no funcionar, no existe alternativa que no sea que el paciente lo pague de su bolsillo.
FEASAN propone incluir la financiación de los ACOD para los pacientes con enfermedad. tromboembólica venosa.
2 Acceso a los anticoagulantes de Acción Directa (ACOD).
El acceso a los anticoagulantes de acción directa está sujeto a un visado de inspección que dependiendo del lugar en el que se encuentre el paciente, tendrá mayores o menores restricciones. Por lo que unos pacientes accederán fácilmente y otros no tanto. Una de esas restricciones es el profesional que podrá emitir ese visado e iniciar el tratamiento. En Asturias, La Rioja, Castilla La Mancha y Canarias el médico de familia no podrá hacerlo, aunque en el resto de comunidades autónomas sí. Las Administraciones Sanitarias autonómicas actúan irresponsablemente introduciendo desigualdades entre unos pacientes y otros.
FEASAN propone eliminar el visado de inspección para garantizar el acceso igualitario.
3 Autocontrol a través de coagulómetros portátiles.
El sistema de Autocontrol a través de coagulómetros portátiles para pacientes anticoagulados con AVK no forma parte de la Cartera de Servicios del SNS a pesar de disponer de la suficiente evidencia de su seguridad y coste-eficacia y aportar mayor autonomía al paciente. Algunas comunidades autónomas lo han introducido de forma limitada lo que conlleva desigualdades entre pacientes de unas comunidades y otras. En ocasiones esas desigualdades se producen entre pacientes que residen en una provincia u otra. Por último, el agravio comparativo con otros grupos de pacientes, que pueden autocontrolar su tratamiento a través de sistemas similares, es obvio.
FEASAN propone introducir el Autocontrol TAO dentro de la Cartera de Servicios Básicos del SNS.
4 La seguridad del paciente no está garantizada.
El control del INR de los pacientes anticoagulados con AVK es deficiente. Los datos de múltiples estudios así lo demuestran. Más de la mitad de los pacientes no consiguen un control adecuado, lo que significa que la seguridad del paciente no está garantizada.
FEASAN propone potenciar la formación continuada de profesionales sanitarios y facilitar la prescripción de los ACOD para los pacientes candidatos.
5 Derecho del paciente a ser informados.
Cualquier paciente tiene derecho a ser informado sobre su salud y las opciones terapéuticas disponibles y a participar en la toma de decisiones sobre su enfermedad. En anticoagulación, este derecho es especialmente importante. Muchos pacientes anticoagulados se muestran pasivos ante el cuidado de su salud pero otros no reciben información suficiente sobre el tratamiento que van a iniciar, lo que les hace más vulnerables a complicaciones.
FEASAN propone impulsar un protocolo de información unificado a implementar al inicio del tratamiento, con recordatorios cada 3 meses.